Pilar Grande.

Leire Sopuerta Biota. Madrid
Aunque los grupos parlamentarios no han recibido aún el anteproyecto de la Ley Reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, los partidos políticos ya se han posicionado y con visiones bien distintas. Mientras que el PSOE considera que es una ley “necesaria”, el PP apuesta por un Plan Nacional de Cuidados Paliativos e Izquierda Unida cree que es una “oportunidad perdida”, al no tratar la eutanasia y el suicidio asistido.

La portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Pilar Grande, considera que es una ley “necesaria, que garantiza por ley los derechos de los pacientes y da seguridad jurídica a los profesionales”. Por ello, ha destacado la importancia de que se trate y se debata en el Consejo Interterritorial. Asimismo, ha puesto de relieve que el Gobierno “ha contado con la colaboración de distintos colectivos implicados (profesionales sanitarios y pacientes), con el objetivo de conseguir el máximo consenso posible”. Grande ha asegurado que “ni a Rouco Varela le ha parecido mal” y que “quien se oponga tendrá que explicar por qué”.

Ana Pastor.

Sin embargo la postura del PP es totalmente opuesta. Ana Pastor, coordinadora de Participación Social del Partido Popular, ha evitado manifestarse sobre la futura norma “hasta que no se nos entregue un texto sobre el que opinar”. Si bien, apuesta por el desarrollo de un Plan Nacional de Cuidados Paliativos, más que por la norma en la que trabaja el Gobierno. Más aún, ha dicho, cuando ya existe la Ley de Autonomía del Paciente.

La propuesta del PP pide que dicho plan incluya el desarrollo de un marco regulatorio y una normativa de la cartera de servicios de cuidados paliativos a los terminales, que garantice la equidad de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Además, propone un informe de evaluación relativo a las prestaciones actuales sobre cuidados paliativos en cada comunidad autónoma. Y sugiere la puesta en marcha de áreas de capacitación específicas en medicina y enfermería paliativa en los términos previstos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Gaspar Llamazares.

Iniciativa que para el PSOE “llega tarde y mal”, porque “no se trata de hacer planes, sino de garantizar por ley los derechos de los pacientes y dar seguridad jurídica a los profesionales”.

Por su parte, Gaspar Llamazares, diputado de IU, cree que es una ley “simbólica, más que real”. A su juicio esta norma es “una ordenación de textos legales ya existentes”.

Por ello, considera que la aprobación de este texto es “una oportunidad perdida” porque “no habla ni de eutanasia ni de suicidio asistido”. Además, sobre “voluntades anticipadas, tratamientos en el momento final de la vida o cuidados paliativos ya hablan otros textos, por tanto, esta ley refunda iniciativas nacionales y autonómicas ya existentes”. “Es un texto poco novedoso y no confío en que se puedan introducir cambios”, ha declarado a Publicación de Parlamentarios de Sanidad.

Joseba Agirretxea.

El también presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados cree que esta norma “tampoco significa una garantía jurídica adicional ni para pacientes ni para profesionales sanitarios, están tan cubiertos o descubiertos como antes”.

Esta norma, según Llamazares, representa la forma de legislar del PSOE, “una política de imagen y un contenido light” porque “pretende contentar al sector progresista y no enfadar al conservador”.

Joseba Agirretxea, portavoz del PNV, ha asegurado que su grupo parlamentario recibe “bien” la ley porque “es necesaria”. La sensación inicial es “positiva”, ha remarcado. Si bien, ha asegurado que el partido estudiará el texto con detalle porque “habrá cosas que se puedan mejorar”.